ANTECEDENTES:
La subcontratación ha generado una
administración paralela, casi tan grande que la administración
directa. Con la justificación de que la subcontratación es una
fórmula más eficiente y más barata, lo que acaba ocurriendo es que
se facilita el negocio de empresas privadas con la gestión de los
servicios públicos.
Y este negocio se hace en demasiadas
ocasiones a costa de las condiciones de trabajo, lo que trae como
consecuencia precariedad y condiciones de trabajo insuficientes,
bajos salarios, jornadas parciales no deseadas...
Las
adjudicaciones se hacen la mayoría de las ocasiones primando
criterios economicistas, donde el
peso del precio es fundamental en la adjudicación. No
conseguimos sino generar presión sobre las condiciones de trabajo,
teniendo en cuenta que en muchos casos lo que se presta es
exclusivamente un servicio por empresas que no tienen nada, salvo la
plantilla de trabajadores/as, principal coste y donde de forma más
directa pueden incidir.
La crisis económica y los recortes
han acentuado el problema. Detrás de lo que evidentemente es una
nueva vuelta de tuerca que se nos ha pretendido vender como
inevitable, hay decisiones muy políticas y nada científicas, que
buscan que lo público funcione mal para favorecer la supuesta
percepción de que lo privado es más eficiente. Sin embargo detrás
de todo no hay sino la intencionalidad de blindar los privilegios de
unas élites que buscan hacer de todo lo público un negocio.
Ningún ámbito de ha librado de los
recortes. Tampoco el sector público subcontratado. Y estos recortes
además de su extensión generalizada tienen algunas cosas en común
en forma de consecuencias:
Se han empeorado de forma notoria
muchos servicios públicos que se prestan desde la administración, y
por otro lado ninguna empresa ha asumido los recortes, sino que los
han trasladado a las plantillas a través de despidos, parcialización
de contratos, reducción de horas de trabajo, rebajas salariales...
En fin, más precariedad, y más desempleo. Por ello hay que variar
las decisiones políticas tomadas hasta ahora, empezando por el
ámbito donde la administración pública más directamente puede
incidir.
ELA
siempre ha estado en la defensa de unos servicios públicos,
universales y de calidad. Por ello nos hemos opuesto a los recortes y
a los abusos empresariales. La ILP que hemos propuesto es un paso más
en este sentido. Porque los
servicios públicos universales y de calidad, son imposibles si se
prestan en condiciones de precariedad.
LOS
OBJETIVOS DE ELA CONSEGUIDOS EN LA LEY APROBADA
ELA
se marca como objetivo último que la ley que se aprobase no fuese
una mera recomendación, sino que
obligase a las administraciones a incluir las
clausulas sociales que
proponíamos en los pliegos de condiciones, de forma que las empresas
adjudicatarias estuviesen a su vez obligadas a cumplirlas.
A
partir de este objetivo general, se proponen cuatro clausulas
sociales que diesen respuesta a la problemática general de las
subcontratas, que son las siguientes:
-Aplicación como condición de mínimos del convenio sectorial de ámbito más inferior.
-Que el precio de licitación garantice los costes de dicho convenio más los costes de seguridad social para la totalidad de la plantilla a subrogar.
-Subrogación garantizada en los pliegos de condiciones para la totalidad de los trabajadores/as subcontratados por las administraciones.
-Sanciones para las empresas que incumplan las clausulas anteriores
La
ley aprobada, a través de la modificación de la Ley de Contratos
públicos, recoge íntegramente las clausulas sociales propuestas, al
tiempo que obliga a que las mismas sean incluidas de forma
obligatoria en todos los pliegos de condiciones que se liciten a
partir de su publicación en el BON. Por tanto podemos decir que
nuestro objetivo se ha cumplido integramente.
Se
puede consultar el texto completo aprobado en el siguiente enlace:
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/publicaciones/boletn-del-parlamento-de-navarra.aspx
QUÉ
SUPONE LA APROBACIÓN DE ESTA LEY: Valoración de ELA
Se
trata de un FRENO A LA REFORMA LABORAL: El convenio sectorial tras la
reforma laboral, dejó de ser suelo en cuanto a condiciones de
trabajo. Los convenios de empresa tienen prioridad aplicativa, con la
única intención manifiesta de bajar los salarios por esta vía. Los
servicios públicos subcontratados son terreno abonado para estas
prácticas, ya que cuanto peores sean las condiciones de trabajo,
mayor capacidad por parte de las empresas para abaratar el servicio
y, con el peso que hasta ahora se le da al precio en la adjudicación,
mayor posibilidad de hacerse con el servicio.
Tras
la aprobación de esta ley, el convenio sectorial vuelve a ser suelo
y obligará a las empresas, que deberán aplicarlo. Freno por tanto a
una de las medidas más agresivas y perjudiciales de la reforma
laboral.
Supone
igualmente un FRENO A LOS RECORTES: El precio de la oferta deberá
cubrir los costes del convenio y de seguridad social, por lo que se
dificultan los recortes en estos servicios. Ninguna empresa ha
asumido hasta ahora los recortes. Todos se han trasladado a los y las
trabajadoras, que han sido junto a los usuarios los paganos
principales de los mismos.
Si
el precio de la oferta de las empresas debe cubrir estos costes, por
lógica también el precio de licitación que fijan las
administraciones. Este punto es el que expresa la voluntad política
real de establecer unas condiciones mínimas y estables, evitando que
la ley hubiese acabado siendo una mera recomendación.
En
tercer lugar se trata de un reconocimiento de que LA RESPONSABILIDAD
ÚLTIMA EN ESTOS SERVICIOS ES DE LA ADMINISTRACIÓN. Para ELA es
indiscutible que las subcontratas de la administración son también
servicios públicos, ya que se pagan con dinero público. Sin embargo
hasta ahora las administraciones se habían desentendido de los
mismos con carácter general una vez adjudicados.
Establecer
sanciones para las empresas que no cumplan los convenios o que
pretendan saltarse su obligación de subrogar, supone un equilibrio
para los y las trabajadoras en las relaciones laborales al tiempo que
obliga a las administraciones a realizar una labor de vigilancia.
En
cuarto lugar, la inclusión de la subrogación en los pliegos de
condiciones supondrá una garantía de ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PARA
MILES DE TRABAJADORES. Hasta ahora la subrogación no era un derecho
garantizado. Se estaba a lo regulado por los distintos convenios
sectoriales. Hay convenios que no la recogen, otros parcialmente e
incluso en los que sí existía, el derecho de subrogación había
sido cuestionado por sentencias judiciales que no lo exigían por
ejemplo, en caso de recortes en el servicio.
Con
la ley aprobada, nunca más un cambio de la empresa concesionaria
supondrá incertidumbre sobre el empleo, o la pérdida del mismo como
ocurría en muchos casos.
Por
último entendemos que en última instancia la ley aprobada supone la
DEFENSA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, de la que nos
beneficiaremos la ciudadanía navarra en general. Porque esta calidad
que exigimos para los servicios públicos es imposible si se presta
en condiciones de precariedad laboral.
FELICITACIÓN
A LA MILITANCIA
La
iniciativa de ELA no es una ILP que se explique en una frase.
Recoger 14.635 firmas supone explicar a al menos 14.635 personas la
iniciativa y eso ha supuesto un trabajo ingente de toda la militancia
del sindicato. Son firmas conseguidas además donde están los y las
trabajadoras: en las empresas, en los tajos y en los centros de
trabajo.
Todos
los que formamos parte de este sindicato debemos felicitarnos por el
trabajo y por los frutos conseguidos. Algunos nos han acusado de
vender humo todo este tiempo. Hoy el humo se ha convertido en fuego.
Por
ello podemos decir con orgullo que ELA HA CONSIGUIDO
CON SU ILP DIGNIFICAR POR LEY LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN
TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS SUBCONTRATADOS,
y que por
el número de gente afectada y por el contenido de lo aprobado, estamos ante uno de los mayores logros del sindicalismo en navarra en los últimos tiempos.
